Explicaciones

Posted on 17 marzo, 2011

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La investigación judicial y el expediente sancionador a los que se enfrenta Luxender han dejado fuera de juego al Ayuntamiento de Alcoy, que daba por amortizado el problema de Serelles con la foto del alcalde sonriendo junto a los primeros vecinos que, en teoría, iban a ocupar las primeras 47 viviendas de la urbanización.

Desde que se conoció que el juzgado que gestiona el concurso de acreedores de la promotora de Serelles investigaba un presunto fraude hasta ahora, el PP ha pasado de asegurar que “eran cuestiones particulares entre empresas” a convertirse en portavoz de la mercantil.

Entre medio, el Gobierno debería ofrecer muchas explicaciones. La primera, por qué no le importa que Luxender haya montado una trama societaria para evitar pagar a decenas de pequeñas empresas que trabajaron en Serelles. La mayoría son empresas de Alcoy y, además de no cobrar, han sido denunciadas por la promotora de Serelles.

La segunda de las explicaciones que debe el PP, vinculada a la primera, es el motivo por el que el Ayuntamiento de Alcoy no se personó en el concurso de acreedores. Sin embargo, el consistorio sí quiere “personarse” en el expediente sancionador abierto por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Los defectos advertidos por los agentes del ministerio debería haberlos detectado el Ayuntamiento de haber mantenido un mínimo control de la obra.

El Gobierno también tendría que detallar por qué el Ayuntamiento da a conocer de forma sesgada que el Supremo ha aceptado un recurso de la empresa a la sentencia del TSJ que declaró ilegal parte de Serelles. Una sentencia que también recurrió el Gobierno. Pero no fue admitida a trámite por defectos de forma.

Si no hay explicaciones, los ciudadanos van a tender a pensar que la principal preocupación del PP es respaldar a Luxender pese a que cientos de vecinos de Alcoy estén en una situación grave porque no cobran por el trabajo realizado, que la falda de la sierra de Mariola haya quedado arrasada, que los compradores de las casas no puedan ocuparlas, y que la promotora siga sin cumplir sus compromisos.

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