Contradicciones

Posted on 29 marzo, 2011

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El criterio del Tribunal Superior de Justicia ha quedado en entredicho con su última resolución sobre La Rosaleda. Los mismos magistrados que en diciembre rechazaron el proyecto para legalizar la plaza presentado por el Ayuntamiento lo aceptan tres meses después. Entre medias, un recurso de súplica municipal que, por lo visto, ha sido la mar de convincente. 

El tribunal aseguró en diciembre, de forma muy clara, que “la ejecución de la sentencia [que en 2005 declaró ilegal la plaza] pasa necesariamente por acatar cuestiones indisponibles, a saber (…) la existencia de obra en superficie no resulta compatible con el libre tránsito y estancia de personas”. Y añadía que “ni mucho menos podemos considerar que mantener una obra por encima de la rasante es compatible con el pronunciamiento del fallo cuando dice que debe reponerse la zona verde”.

Ahora ese mismo tribunal señala que la zona verde “que cumpla con la normativa” puede incluir “diversas alturas y planos”. La sala añade en su último auto que la ejecución del fallo “no debe serlo de forma literalista”. Estaría bien, en primer lugar, que los magistrados utilizasen palabras que existan, más que nada para saber qué es lo que quieren expresar. Ni literalista ni indisponible figuran en el diccionario.

Al final, quienes decían en diciembre que el proyecto era inadecuado y ordenaban al Ayuntamiento “proceder a la demolición de la obra que fuera necesario”, ahora señalan que “se ajusta a los parámetros de la legalidad”. Resulta sorprendente este cambio de criterio del tribunal, que reprocha a los demandantes, la Colla Ecologista La Carrasca, que hayan aludido para rechazar este proyecto a argumentos diferentes a los esgrimidos durante el periodo de pruebas.

El auto es un trompazo para La Carrasca, que buscaba la reposición de la zona verde al estado anterior de la construcción del parking. Y es, por el contrario, un motivo de satisfacción para el Gobierno local. El PP asegura, sin vergüenza alguna, que el “tribunal nos ha dado la razón”. Cómo se nota que no tiene que pagar de su bolsillo los más de 700.000 euros que costará legalizar la plaza. Ahora bien, que luego no vayan llorando porque les falta dinero para cuadrar las cuentas municipales.

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