Un fenómeno

Posted on 6 abril, 2011

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La sentencia del Tribunal Superior de Justicia que en 2005 declaró ilegal la construcción de un aparcamiento en La Rosaleda dice muy claramente:

“La Administración argumenta que el artículo 13 del Pliego de Condiciones Técnicas impide considerar que se hubieran infringido en su caso las diversas prescripciones normativas, en tanto en cuanto ahí se dispone:

Cubierta-. Para la urbanización de la cubierta la empresa concesionaria estará obligada a reponer como mínimo la situación anterior a la obra, en especial el monumento a San Jorge y la marquesina…. 

Obvio es decir que si la plaza se hubiera proyectado, adjudicado y ejecutado reponiendo la plaza a su anterior condición -como reza este precepto-, no se habría llegado a este recurso, sobre todo, a partir de la premisa de que el aparcamiento subterráneo es abstractamente admisible en una zona verde. No obstante, ni los proyectos aprobados por el Ayuntamiento -ni la posterior ejecución de los mismos siguiendo lo proyectado- permiten, en modo alguno, considerar que la plaza quedó “en la situación anterior a la obra”.

La Administración no puede empuñar este precepto del pliego de condiciones como escudo de impunidad, que le permitiese optar, aprobar y adjudicar los proyectos de construcción que incumplen, como es el caso de modo palmario, las exigencias normativas.” 

Pese a ello, el PP, a través del teniente de alcalde Rafael Sanus, escampa la idea de que todos son responsables de lo sucedido en La Rosaleda. Hasta el punto de que amenaza diciendo que, en caso de tener que depurar responsabilidades, también las tendrían que asumir los grupos en la oposición porque aprobaron el pliego de condiciones.

Con estas palabras, Sanus da a entender dos mensajes, cual peor que otro. El primero: que va tan de listillo que toma por idiota al personal, considerando que el nivel intelectual de los vecinos es tan bajo como el grado de cumplimiento del programa electoral del PP. El segundo: que el concejal que se encarga de los pleitos del Ayuntamiento ni siquiera se ha leído la sentencia por la que, de momento, los alcoyanos van a tener que pagar 800.000 euros para legalizar la plaza.

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